Publican reglamento para devolver exceso de pago de rentas de 4ta – 5ta

El viernes 4 de mayo último se ha publicado en El Peruano el DS. 085-2018-EF, con el cual el MEF reglamenta la Ley 30734 referida a la devolución automática del exceso del Impuesto a la renta pagado o retenido a las personas naturales perceptoras de rentas de 4ta y 5ta categoría.

En efecto, con la Ley 30734 se estableció el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso a los trabajadores sean independientes o dependientes, sin perjuicio que presenten o no su declaración jurada anual, para deducir como gasto hasta 3 UIT adicionales.

Al respecto, el reciente reglamento precisa:

La devolución de oficio se efectúa mediante abono en cuenta de ahorros en moneda nacional abierta en una empresa del sistema financiero nacional, de uso exclusivo del contribuyente. Para el efecto, el contribuyente debe comunicar a SUNAT los datos de la cuenta de ahorros, hasta el décimo día hábil de enero del año siguiente al que corresponda la devolución. En su defecto, tratándose de rentas que perciben rentas de quinta o de cuarta y quinta categoría, se considerará los datos de la cuenta proporcionados por el empleador mediante el T-Registro.

Cuando SUNAT no tenga el número de cuenta bancaria, la devolución se hará a través de órdenes de pago del sistema financiero (OPF) o cheque no negociable.

La resolución que contiene el resultado del trámite de devolución será notificada al contribuyente mediante publicación en SUNAT Virtual o a través del buzón electrónico del contribuyente.

SUNAT autorizará al Banco de la Nación a realizar la transferencia correspondiente y poner a disposición del contribuyente el monto a devolver a partir de la fecha que indique la resolución que establece la devolución.

En caso SUNAT determine que el contribuyente tiene deuda en cobranza coactiva, retendrá la totalidad o parte del monto a devolver para cancelar dicha deuda, emitiendo la nota de crédito correspondiente.

Respecto del ejercicio 2017, se ha dispuesto que la comunicación sobre la cuenta de ahorros del contribuyente se realice hasta el 7 de mayo de 2018; y respecto del ejercicio 2018, hasta el último día hábil de abril de 2019.SUNAT establecerá la forma y condiciones en que se hará la comunicación.

Notas de crédito negociable.- Mediante DS. 088-2018-EF, se modifica el Reglamento de Notas de Crédito (DS. 126-94-EF), destacando lo siguiente:

Tratándose de exportación de bienes, SUNAT emitirá y entregará notas de crédito negociables dentro de los 30 días hábiles siguientes a la solicitud de devolución; o dentro de los 15 días hábiles, cuando se cumpla determinadas condiciones (más del 70% de las compras se respalden en comprobantes electrónicos; en los 12 meses anteriores se le ha entregado al menos una nota de crédito negociable; en los 6 meses anteriores no ha tenido la condición de no habido; ha presentado todas sus DDJJ por IR e IGV; ha presentado oportunamente su registro de ventas y de compras electrónico.

Tratándose de exportación de servicios, no han cambiado los plazos (45 días hábiles o 20 días hábiles, de acuerdo a condiciones).

Se entregará la nota de crédito negociable, dentro de los dos días siguientes a la solicitud, cuando el exportador presente carta fianza o póliza de caución, con vigencia de 30 días calendario, salvo que se tenga operaciones de exportación de servicios, en cuyo caso la vigencia será de 45 días calendario. Se establecen para el efecto idénticas condiciones a las señaladas en el primer párrafo.

Si el beneficiario no utiliza o no retira la nota de crédito negociable dentro del plazo de su vigencia, podrá solicitar la emisión de una nueva.

Fuente: CCL.

Cambios en el Reglamento de Transporte

En Edición Extraordinaria el D.S. 007-2018-MTC, mediante el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incorpora cambios en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, en lo relativo al procedimiento para el internamiento preventivo de vehículos y en las obligaciones sobre la emisión de licencias de conducir.

Los cambios básicos se orientan a lo siguiente:

Uniformar la aplicación de la medida de internamiento preventivo

Garantizar la ejecución del internamiento preventivo cuando no exista depósito oficial. En este caso se designa como depositario al propietario del vehículo o a tercero designado por éste

Precisar el orden de prelación de la figura del depositario y los alcances de su responsabilidad, que son las establecidas en el Código Civil y el Código Procesal Civil.

Suspende hasta el 31.12.2019 la exigibilidad de determinadas obligaciones por parte de las entidades complementarias que integran el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, tales como:

La adecuación de la infraestructura cerrada a la circulación vial

El sistema de doble comando para vehículos

El uso de la vía pública para la formación y evaluación de conductores

El Taller “Cambiemos de Actitud”.

Se dispone que hasta el 31.12.2018, los conductores cuya licencia se encuentre suspendida, para el levantamiento de la sanción de suspensión, deberán llevar el curso de sensibilización y seguridad vial que venían impartiendo las Escuelas de Conductores. A partir del 01.01.2019, se requerirá la constancia de finalización del Taller “Cambiemos de Actitud” expedida por una Escuela de Conductores.

La presentación del Certificado de Vigencia de Poderes emitido por SUNARP, estará condicionada a la implementación del Decreto Legislativo N° 1246 (interoperatividad).

Fuente: CCL.

SUNAT modifica Normas sobre Emisión Electrónica

Mediante Resolución N° 113-2018/SUNAT (Separata Especial publicada el lunes 30 de abril de 2018), SUNAT ha modificado las normas según las cuales, los contribuyentes que han sido designados por ésta como emisores electrónicos, pueden utilizar formatos físicos en casos excepcionales.

Se señala que los emisores electrónicos por determinación de la SUNAT, cuando estén imposibilitados de emitir comprobantes electrónicos, por causas no imputables a éstos, pueden emitir excepcionalmente comprobantes de pago y notas de crédito, débito, comprobantes de retención y percepción en formato físico.

Declaración jurada

En tales casos deben presentar a la SUNAT una declaración jurada informativa, con los datos de los comprobantes físicos emitidos, en el día de su emisión, o a más tardar hasta el sétimo día calendario siguiente al de su emisión. Se establece el medio a través del cual debe enviarse esta declaración jurada y los requisitos que deben cumplir los contribuyentes para poder hacerlo (RUC habilitado; formato digital)

Requisitos de los formatos físicos

Los comprobantes de pago, notas de crédito, débito, comprobantes de retención y percepción físicos que se utilicen en estos casos, deben tener la leyenda: “Comprobante de pago emitido en contingencia” Nota de crédito emitida en contingencia” “Nota de débito emitida en contingencia” “Comprobante de retención emitido en contingencia” o “Comprobante de percepción emitido en contingencia “, según corresponda, en forma horizontal en la parte superior. Además, debe consignarse la frase “Emisor electrónico obligado” dentro del mismo recuadro donde se coloca el número de RUC.

Solicitud de impresión

Para solicitar la impresión de estos comprobantes físicos, los emisores electrónicos deben haber cumplido con presentar la declaración jurada informativa de comprobantes físicos, de por lo menos el 90% de la anterior autorización, salvo que se trate de la primera autorización. SUNAT autorizará la impresión de estos comprobantes, como máximo, considerando el 10% del promedio mensual de lo emitido en el SEE respecto del mismo tipo de comprobante de pago en los seis meses anteriores al de la solicitud o 100 formatos por cada tipo de comprobante y por establecimiento, lo que en total resulte mayor.

Formatos físicos en giro

Los formatos físicos de comprobantes de pago, notas de crédito y débito, comprobantes de retención y percepción autorizados antes de la vigencia de esta norma (01.08.2018) sólo podrán usarse hasta el 31 de agosto de 2018.

El emisor electrónico itinerante podrá usar hasta el 31 de diciembre de 2018, las facturas, boletas de venta, notas de crédito y/o débito impresas autorizadas antes de la vigencia de esta norma.

Regularización

El emisor electrónico por determinación de la SUNAT que no haya enviado a SUNAT la información sobre comprobantes de pago, notas de crédito, débito, comprobantes de percepción y retención, emitidos sin utilizar el SEE, deberán remitirla a través de SUNAT Operaciones en Línea, no se ha establecido plazo.

NUEVA VERSIÓN PLAME

De otro lado, mediante Resolución de Superintendencia N° 112-2018/SUNAT publicada el domingo 29 de abril de 2018, se ha aprobado el PDT Planilla Electrónica – PLAME- Formulario Virtual N° 0601 Versión 3.5, que será utilizada a partir del periodo abril 2018. Estará a disposición de los contribuyentes a partir del 01.05.2018 en SUNAT Virtual. La nueva versión adecúa el PLAME a la variación de la remuneración mínima de S/ 850 a S/ 930.

Fuente: CCL.

Sepa cómo pagar el 1º de Mayo – Día del Trabajo

Conforme al D. Leg. 713 (08.11.91), Ley de Descansos Remunerados, el martes 1° de mayo próximo es considerado feriado nacional para trabajadores del sector público y sector privado.

De acuerdo a Ley, la remuneración por el feriado “Día del Trabajo” se percibe íntegramente y sin condición alguna, aun cuando el trabajador tenga inasistencias o tardanzas durante la semana.

Remuneración adicional.- Cuando el Día del Trabajo coincide con el día de descanso semanal, se le debe pagar al trabajador un día de remuneración por el citado feriado, además de la remuneración por el descanso semanal. Esta regla no es aplicable a los demás feriados (Art. 9, DS. 012-92-TR).

Por ejemplo, para el trabajador cuyo descanso semanal es el martes 1° de mayo y percibe S/ 1,200 mensuales, su remuneración diaria se obtiene dividiendo S/ 1,200 entre 30, esto es, S/ 40 por día. En el caso expuesto, recibirá S/ 40 por el feriado más S/ 40 por su descanso semanal.

Trabajo en 1° de mayo.- Cuando el trabajador labore el 1° de mayo, sin descanso posterior, percibirá tres remuneraciones diarias, una por el feriado y doble por haber laborado en día feriado. En el ejemplo, sería S/ 40 x 3= S/ 120 por el 1° de mayo laborado, sin descanso sustitutorio.

Cabe señalar que, cuando hay acuerdo entre el empleador y el trabajador, para que éste labore el 1° de mayo, con descanso posterior, ya no hay pago adicional por haber trabajado en día feriado, pues, en este caso, el trabajador tendrá un día de descanso (pagado), diferente al 1° de mayo.

Si el trabajador es destajero, el pago por el Día del Trabajo es igual al salario promedio diario, que se calcula dividiendo entre 30 la suma total de las remuneraciones percibidas en los últimos 30 días consecutivos o no al 1° de mayo. Cuando el servidor no cuente con 30 días computables de trabajo, el promedio se calcula desde su fecha de ingreso.

Cabe advertir que el trabajador no está obligado a aceptar trabajar durante el feriado no laborable ya sea con el pago adicional o con descanso compensatorio. Si la persona no trabaja, siempre tendrá derecho al pago del feriado sin laborar.

No hay “feriado puente”.- Finalmente, recordemos que el lunes 30 de abril próximo se trabaja normalmente, no ha sido declarado “feriado puente” por el Gobierno.

Nuevo Reglamento de Aranceles Judiciales

El viernes 20 de abril de2018 se ha publicado en El Peruano la Res. 105-2018-CE-PJ, con el cual se aprueba un nuevo Reglamento de Aranceles Judiciales, vigente desde el 21.04.18.

El nuevo reglamento establece un régimen único y exclusivo para la obtención y presentación del comprobante de pago de los aranceles, señala los casos de gratuidad y exoneraciones para litigantes de escasos recursos; dispone el procedimiento para la devolución de los aranceles indebidamente pagados; establece el plazo para solicitar la devolución de los mismos, entre otros.

EXONERACIÓN DE PAGO DE ARANCELES

En los juicios de alimentos.- Cuando se reclame hasta 20 URP de pensión mensual (S/ 8,300); si el monto reclamado es mayor se pagará el 50% del arancel.

En los juicios laborales y previsionales.- Cuando el petitorio no exceda a 70 URP (S/ 29,500); cuando exceda dicho monto, el trabajador demandante pagará el 50% de los aranceles establecidos.

En los procesos sobre garantías constitucionales.- Esto es, en las acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción popular y acción de cumplimiento, incluyendo los procesos de disolución o liquidación de las empresas financieras.

En los procesos penales.- Salvo querellas, esto es, en las denuncias por calumnia, difamación e injuria.

En la ejecución de actas de conciliación.- En materia laboral, alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas, conforme a los límites establecidos anteriormente.

Las entidades públicas.- Excepto las empresas del Estado que se encuentren en el ámbito del FONAFE.

LAS PRECISIONES MÁS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO SON:

¿Quiénes pagan los aranceles? El demandante, el demandado y el tercero que interviene en el litigio. Cada litigante paga el arancel, salvo que se trate de sociedad conyugal.

¿Cuándo se paga el arancel? Al presentar o contestar la demanda o al intervenir como tercero en el proceso.

¿Dónde se paga el arancel? En el Banco de la Nación y en las plataformas financieras autorizadas (Multired Virtual).

¿Qué datos contiene el comprobante? El comprobante de pago de los aranceles debe contener: concepto, código, DNI, RUC, monto pagado, número de serie, número de expediente, datos del juzgado o de la sala, fecha y hora de pago.

¿Cuáles son las clases de aranceles? Existen varias clases de aranceles, por ejemplo, por el ofrecimiento de pruebas, por presentar medios impugnatorios (apelación, queja, casación); por solicitar nulidad de actos procesales; por diligencias fuera del juzgado (inspección ocular, embargos, etc.); por exhorto; por solicitar embargos y remates, secuestro de vehículo (salvo que la medida cautelar sea menor a 10 URP (S/ 4,150).

¿Cuándo se devuelven los aranceles? Cuando el comprobante de pago no fue utilizado; por error en su presentación, por exhorto denegado, por remate judicial suspendido o declarado nulo, por medida cautelar denegada. En los embargos denegados se devuelve el 50%.

¿Cuál es el plazo para solicitar la devolución del arancel? Es de un año para los aranceles no utilizados y para los utilizados es de 30 días hábiles. El recibo de pago de los aranceles no debe tener anotaciones, borrones o enmendaduras.

¿Cómo se fija el arancel en casos patrimoniales? En el caso de impugnaciones de acuerdos societarios se toma en cuenta el capital social de la empresa; en los casos de compra venta de bienes, se tomará en cuenta el precio pactado; en los casos de prescripción adquisitiva de inmuebles se tomará en cuenta el autoavalúo declarado ante la municipalidad.

¿Qué entidad devuelve el arancel? La devolución de los aranceles se realiza a través de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Poder Judicial.

¿Qué otras precisiones contiene el nuevo reglamento? Con relación al reglamento anterior, precisa el pago de aranceles en los diversos actos impugnatorios, nulidad de actos procesales, medidas cautelares, calificación de laudos arbitrales. Asimismo, incorpora el uso de una plataforma virtual para el pago de los aranceles, elimina la presentación del DNI, aclara que el arancel por apelación de autos abarca todas sus modalidades; precisa que los procesos de ejecución de laudo arbitral firme, están referidos a solicitudes, contestaciones y otros.

¿Qué es la URP? Es la Unidad de Referencia Procesal y equivale al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (S/ 415).

Fuente: CCL.

Jurisprudencia Laboral que todo empleador debe tener en cuenta

A continuación sintetizamos las principales resoluciones de casación emitidas por la Corte Suprema en materia laboral, que los empleadores deben de tener en cuenta:

A) EL TRABAJADOR QUE COBRA LA INDEMNIZACIÓN ESTÁ ACEPTANDO EL DESPIDO 

La Corte Suprema al resolver la Resolución de Casación 16434-2015-JUNIN, el Peruano 03.10.17, ha establecido que el trabajador que cobra la indemnización por despido, no tiene derecho a demandar su reposición al centro de trabajo. En este caso, el despido arbitrario fue indemnizado y aceptado por el trabajador al firmar la hoja de liquidación de sus beneficios sociales, incluida la indemnización de ley.

B) ES NULA LA RENUNCIA EXIGIDA POR EL EMPLEADOR

Con la Resolución de Casación 09019-2015-LIMA, El Peruano 28.02.17, la Corte Suprema ha establecido que la carta de renuncia presentada por un trabajador será nula, si se prueba que el empleador le exigió la presentación de dicha carta, condicionada a la entrega de determinada suma de dinero. La Suprema considera que la referida carta de renuncia no es válida, por cuanto habría sido suscrita con violencia e intimidación al trabajador. Al trabajador demandante se le reconoció su indemnización legal y el pago de sus beneficios laborales que la ley establece.

C) PRESUNCIÓN DE HORAS EXTRAS Y REEMBOLSO DE BENEFICIOS 

Con la Resolución de Casación 1196-2016-Lima, El Peruano 30.05.17, la Corte Suprema ha establecido que corresponde a los empleadores fiscalizar que sus trabajadores no permanezcan en el centro de trabajo. Caso contrario, se presumirá que su permanencia ha sido acordada con el empleador y por tanto, tendrá derecho al pago de horas extras y al reembolso de otros beneficios, tales como la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, considerando que en el caso expuesto, las horas extras fueron prestadas consecutivamente.

La Corte Suprema considera que de acuerdo al artículo 7, DS. 004-2006-TR, el trabajo en sobre tiempo puede realizarlo el trabajador con autorización expresa o tácita del empleador. Si la autorización es tácita, el sólo hecho de que el trabajador acredite haberse quedado a laborar más allá de la hora de salida, genera la presunción que realizó horas extras.

D) TRABAJADOR DE CONFIANZA Y EL PAGO DE HORAS EXTRAS 

La Corte Suprema mediante Resolución de Casación 14847-2015-Del Santa, El Peruano 01.12.17, al interpretar el artículo 11 del DS. 008-2002-TR, ha establecido un nuevo criterio jurisprudencial vinculante en materia laboral, precisando que el trabajador que desempeñe un cargo de confianza no tendrá derecho al pago de horas extras si no está sujeto a control de su horario de trabajo, sin perjuicio que el vigilante de la empresa anote su ingreso y salida del centro de trabajo.

La Corte Suprema al resolver la casación interpuesta, ha precisado que los trabajadores de dirección son los altos directivos que representan o sustituyen al empleador ante terceros o ante los propios trabajadores, por ejemplo, el gerente general, gerente comercial, jefe de recursos humanos, etc.

En cambio, los trabajadores de confianza, son aquellos que laboran en contacto personal y directo con los que desempeñan cargos de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales, profesionales y en general a información reservada. Por ejemplo, desempeña cargo de confianza el asesor contable, legal, financiero, la secretaria del gerente general, etc.

La Suprema al resolver el caso ha precisado que conforme a ley, los trabajadores que desempeñan cargos de confianza no se encuentran comprendidos en la jornada máxima de la empresa, salvo que se encuentren sujetos a un control efectivo del tiempo de trabajo. En el caso concreto, el trabajador admitió que no tenía un control específico de sus labores y que quien anotaba su ingreso y salida era el vigilante de la empresa.

Fuente: CCL.

Publican ley para impulsar la modernización y fortalecimiento de la Contraloría

El miércoles 28 de marzo de 2018 se ha publicado en El Peruano la Ley N° 30742- Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

Insistencia del Congreso.- La reciente ley ha sido promulgada por el Presidente del Congreso, por insistencia, ante 2 observaciones puntuales que formuló el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, referidas a la designación de los Jefes de las OCI por el Congreso y a la creación de dos vicecontralores, por considerar que estas medidas irrogan mayores gastos al Estado.

Finalidad.- La nueva ley tiene por finalidad modernizar, mejorar y asegurar un eficiente y oportuno control gubernamental, para el uso correcto de los bienes y servicios públicos y evitar actos de corrupción.

Control concurrente.- Con la nueva ley, la Contraloría debe ampliar la cobertura del modelo de control concurrente, esto es, un proceso de control gubernamental de acompañamiento a las entidades públicas que contratan la realización de obras y servicios.

Facultad sancionadora.- La reciente ley otorga potestad y facultad sancionadora a la Contraloría, la que a través del reglamento correspondiente, definirá y precisará los conductas infractoras que serán materia de sanción a los funcionarios y servidores públicos que resulten responsables.

Fiscalización patrimonial.- La Contraloría tendrá la facultad de fiscalizar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos, para lo cual tendrá acceso directo, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos que administran las entidades sujetas a control.

Transparencia.- Con la nueva ley se promoverá la transparencia de los informes que emiten los jefes de los Órganos Internos de Control (OCI). En efecto, estos informes ya no serán reservados, pues serán publicados íntegramente para conocimiento de la ciudadanía sobre cómo se están ejecutando los recursos públicos.

Autonomía.- Como se sabe, actualmente, en su gran mayoría, los jefes y servidores de las OCI, figuran en la planilla de la entidad a quien controlan y fiscalizan. Con la nueva ley, las OCI serán independientes y los jefes de estas oficinas serán designados por la Contraloría. Es decir, dependerán funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República y no de la entidad que controlan y fiscalizan.

Después de la publicación del reglamento de la nueva ley, la Contraloría emitirá un plan de absorción de trabajo de las OCI, para que todas estas oficinas dependan directamente de la Contraloría y no de las entidades públicas.

Reorganización: Se autoriza la reorganización institucional de la Contraloría General de la República, facultándola a aprobar su nueva estructura orgánica, Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de Puestos y demás instrumentos que sean necesarios para su fortalecimientos y modernización. Para ello dispondrá de 120 días hábiles.

Sociedades de Auditoría: La ley faculta la Contraloría General de la República a contratar sociedades de auditoría calificada e independiente, para la realización de labores de control posterior externo, previo concurso público de méritos, para examinar las actividades y operaciones de las entidades.

Atribuciones de la Contraloría: La Contraloría General de la República tendrá acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos. Puede también requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre que no viole la libertad individual.

Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa: Las Salas del Tribunal Superior están conformadas por 3 miembros elegidos por concurso público de méritos a cargo de la Contraloría General. Establece los requisitos para ser nombrado vocal, entre ellas, no haber sido sancionado con destitución, despido o inhabilitación, tener estudios de especialización acreditados en derecho constitucional, administrativo, laboral o gestión de recursos humanos y contratación pública; no tener sentencia firme por delito de terrorismo, violación de la libertad sexual y corrupción de funcionarios públicos.

Fuente: CCL.

PCM aprueba reglamento del sistema único de trámites (SUT)

El 23 de marzo de 2018 se ha publicado en El Peruano el DS. 031-2018-PCM, con el cual se reglamenta el Sistema Único de Trámites (SUT), plataforma virtual a cargo de la PCM para simplificar los procedimientos administrativos y servicios, que las entidades públicas prestan a los ciudadanos y empresas.

Como se recordará, el SUT fue creado por el D. Leg. 1203, como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización de los TUPA. El SUT está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, la que debe, monitorear, supervisar y fiscalizar a las autoridades que no cumplan con las normas de simplificación administrativa.

De otro lado, con el D. Leg. 1310 se estableció que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben identificar, reducir y/o eliminar aquellos trámites que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados y redundantes, a fin de mejorar la calidad regulatoria de las normas que aprueban las entidades del Poder Ejecutivo.

Disposiciones Reglamentarias

El reciente reglamento aprobado por la PCM establece las funcionalidades y contenidos del SUT; los órganos responsables de su administración, tanto de los procesos de conducción y elaboración del TUPA como el de administración de usuarios de acceso; el procedimiento para el registro, modificación y publicación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad en el SUT; el mecanismo para la identificación de procesos interconectados, con la finalidad de establecer la cadena de trámites y la estandarización de procedimientos, entre otros.

Asimismo, regula la supervisión y fiscalización del registro, el contenido y la actualización del SUT, la revisión de los costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados a exclusividad, cuidando que cumplan con la metodología de determinación de costos establecida por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalidad del SUT.- Entre otras, la finalidad del SUT es facilitar la sistematización y elaboración de los TUPA; reducir los derechos de tramitación, tiempos, requisitos, plazos; elaborar un TUO de los procedimientos de las entidades; aprobar los proyectos de TUPA, así como simplificar el proceso de ratificación de tasas municipales.

Contenido del SUT.- Para el registro de los trámites que crean las autoridades, se exigirá el sustento técnico legal; también se exigirá el sustento técnico de los costos vinculados a cada procedimiento (los costos deben corresponder al costo real del servicio); así como la información relevante y de utilidad para atender a los usuarios. Por ejemplo, lugares de atención, horarios, datos de contacto, medios de pago, etc.

Supervisión.- La Secretaria de Gestión Pública de la PCM es la entidad encargada de la supervisión y fiscalización del registro, contenido, utilización del SUT, incluyendo los costos reales de los servicios prestados.

La Secretaria Gestión Pública de la PCM en caso de incumplimiento de la calidad regulatoria de las normas o de simplificación administrativa, notificará a la autoridad para que en un plazo de 15 días hábiles, subsane los incumplimientos detectados. Vencido tal plazo, sin la subsanación respectiva, se comunicará al Órgano de Control Institucional de la entidad y a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, para que de oficio se inicie el procedimiento de eliminación de las trabas burocráticas detectadas.

Gradualidad.- Las entidades de la administración pública implementarán las medidas establecidas en el reciente reglamento en forma gradual, conforme a los plazos y condiciones que establezca la Secretaría de Gestión Pública, que además aprobará el Manual de Usuario SUT, dentro de los 30 días hábiles a partir del 24.03.2018.

Vigencia.- Las disposiciones del reglamento bajo comentario, entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en El Peruano de la resolución de la Secretaría de Gestión Pública que apruebe el Manual de Usuario SUT.

Fuente: CCL.

El Tribunal Fiscal precisa requisitos para reducción del impuesto predial de pensionistas

Como se sabe, el artículo 19 de la Ley de Tributación Municipal (TUO Decreto Supremo 156-2004-EF) establece que los pensionistas propietarios de un sólo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos y cuya pensión no exceda a 1 UIT mensual, tienen derecho a deducir de la base imponible (del autoavalúo) el monto equivalente a 50 UIT, a fin de pagar el impuesto predial sólo sobre el valor que exceda a las 50 UIT.

Asimismo, la ley ha precisado que se cumple con el requisito de única propiedad, cuando además de la vivienda, el pensionista posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera y que el uso parcial del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, no afecta el derecho del pensionista de reducir la base imponible del impuesto.

Resolución del Tribunal Fiscal N° 01779-7-2018

La citada resolución ha sido publicada en la sección Jurisprudencia Fiscal del Diario El Peruano el martes 20 de marzo de 2018, estableciendo que la misma constituye precedente de observancia obligatoria por parte de las municipalidades del país, precisando que de acuerdo a ley, para gozar del beneficio, los únicos requisitos que deben de acreditar los pensionistas son:

(i) Tener la condición de pensionista y que el ingreso bruto mensual de su pensión no exceda 1 UIT; (ii) ser propietario de un solo inmueble; (iii) que la propiedad del inmueble sea a nombre propio o de la sociedad conyugal y; (iv) que el inmueble esté destinado a vivienda del pensionista.

En consecuencia, para el goce del beneficio no se requiere de acto administrativo municipal, es decir de resolución municipal que acepte o declare el beneficio solicitado; precisando además, que la ley no ha fijado plazo para que el pensionista pueda solicitar este beneficio, por tanto, no pierde el derecho respecto de los años anteriores a la presentación de su solicitud. En el caso bajo comentario, el pensionista solicitó el beneficio el año 2016 y en ese sentido la municipalidad pretendía reconocerle el beneficio solo a partir de dicho año; sin embargo, el pensionista señalaba que el beneficio le correspondía desde el 2013, año en que cumplió con los requisitos arriba señalados. El Tribunal Fiscal le ha dado la razón al pensionista, bajo los argumentos indicados.

Jurisprudencia Obligatoria

De conformidad con el artículo 154 del Código Tributario, el Tribuna Fiscal ha declarado que constituye precedente de observancia obligatoria lo siguiente:

“El beneficio previsto por el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, es aplicable a todo aquel contribuyente que se encuentre comprendido en el supuesto de la norma, sin necesidad de acto administrativo que lo conceda ni plazo para solicitarlo, pues la ley no ha previsto ello como requisito para su goce, por lo que la resolución que declara procedente dicha solicitud tiene sólo efecto declarativo y no constitutivo de derechos”.

Fuente: CCL.

Cambios al D.U 003-2017 sobre reparación civil a favor del Estado, pago de deudas a trabajadores y proveedores en casos de corrupción

El 12 de marzo de 2018 se ha publicado en El Peruano la Ley 30737 – Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía. Esta ley remplaza al Decreto de Urgencia 003-2017 que regirá sólo hasta el 13 de marzo de 2018.

La reciente ley es aplicable a las personas jurídicas condenadas en el Perú o en el extranjero por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos. Es también aplicable a los funcionarios o representantes de las empresas condenadas con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por los delitos referidos.

Las empresas condenadas o que hayan admitido delitos de corrupción no podrán efectuar transferencias de activos, bienes, dividendos al exterior; se incluye a las empresas socias, asociadas o consorciadas, que hayan participado en la adjudicación o que se hayan asociado posteriormente.

ENTRE OTROS LOS CAMBIOS QUE CONTIENE LA NUEVA LEY SON:

Deudas a trabajadores y proveedores.- Se flexibiliza las normas para que los trabajadores involucrados, así como las micro, pequeñas y medianas empresas, cobren sus acreencias a las empresas condenadas por corrupción.

Retención por venta de activos.- Se mantiene la retención del Estado sobre la venta de activos de las empresas corruptas hasta el 50% del precio de venta. Esta retención no estará sujeta a fijar primero la reparación civil a favor del Estado sino que se priorizará el pago de las deudas a los trabajadores y proveedores.

Aprobación del Minjus.- Las transferencias que las empresas realicen como pago de deudas a sus acreedores deben ser aprobadas por el Ministerio de Justicia dentro de los 20 días hábiles, vencido tal plazo, la solicitud será aprobada automáticamente.

Dación en pago.- Se regula la dación en pago sobre bienes muebles de carácter no financiero que cubran acreencias de las micro, pequeñas y medianas empresas cuyo valor total no supere 100 UIT, por obligaciones contraídas antes de la vigencia del Decreto de Urgencia 003-2017.

Depósito en fideicomiso.- El precio de venta de los bienes debe garantizar el pago de las obligaciones tributarias, laborales, de los proveedores y demás obligaciones con terceros.

Control concurrente.- La Contraloría General de la República podrá fiscalizar de modo concurrente los proyectos de inversión cuando sean mayores a 100 millones de soles, sin perjuicio del control posterior a la finalización de la obra.

Colaboración eficaz.- Los acuerdos de colaboración eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir las consecuencias jurídicas derivadas del delito, sin que ello implique renuncia al pago de la reparación civil que corresponda.

El beneficio de colaboración eficaz procederá, si se dan las siguientes condiciones:

Haber cumplido con el total de las obligaciones laborales y sociales exigibles y vencidas con sus trabajadores;

Haberse comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor a 10 años;

El acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la investigación penal.

Cobro de deudas tributarias.- Sunat puede cobrar sus deudas vencidas a través del fideicomiso, asegurando de esta manera la recaudación tributaria, sin afectar la cadena de pagos mediante la interposición de las medidas cautelares.

Beneficios de la nueva ley.- Según el dictamen de la ley aprobada, los beneficios de la nueva ley, entre otros son: mantener el crecimiento del PBI de la construcción; garantizar la viabilidad de los proyectos existentes y el cumplimiento de la cadena de pagos; evitar la pérdida de más de 26 mil empleos en las obras y más de 53 mil empleos en la construcción; evitar el deterioro de la inversión pública en especial de los sectores de transportes, educación y vivienda; reducir el impacto financiero en la banca; establecer una salida ordenada de las empresas vinculadas a actos de corrupción; preservar la recuperación de las deudas tributarias, etc.

Fuente: CCL.