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Modifican ley de zonas especiales de desarrollo (ZED) para promover las inversiones

El 25 de mayo último se ha publicado en El Peruano la Ley 30777 – Ley que modifica las disposiciones de las zonas especiales de desarrollo (ZED) para facilitar sus inversiones.

En la reciente ley, se establece que en las ZED se podrá realizar actividades industriales, de maquila, de logística, de reparación, de mantenimiento de mercancías, de telecomunicaciones, de tecnologías de la información, de investigación y desarrollo científico y tecnológico y de servicios, con excepción de aquellas comprendidas en el listado negativo de mercancías que figuran en la Ley 29902, que modificó las normas sobre Ceticos Tumbes.

Actividades Industriales.- Comprende la transformación de materias primas en productos elaborados o semielaborados y ensamblaje de partes, piezas y otros componentes.

Actividades de maquila.- Las mercancías ingresan a las ZED para que se les incorpore valor agregado correspondiente a la mano de obra.

Actividades de logística.- Comprende almacenamiento, transporte, distribución, comercialización al interior de las ZED, al extranjero o al resto del territorio nacional, así como manipuleo, embalaje, etiquetado, envasado o conservación de mercancías para su transporte.

Actividades de reparación.- Comprende reparación o reacondicionamiento, soporte técnico, reconstrucción, remanufactura, repotenciación, mantenimiento y reciclaje de mercancías.

Actividades de telecomunicaciones.- Comprende emisión, transmisión o recepción de señales, imágenes, signos, sonidos, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

Actividades de tecnología de la información.- Comprende desarrollo de software, diseño, construcción, administración y alojamiento en redes y terminales informáticos.

Actividades de investigación y desarrollo.- Comprende análisis, ensayos, certificaciones, descubrimientos, desarrollo de soluciones, creación de nuevos procesos para cualquier campo de la industria productiva, extractiva de bienes o servicios.

LEY DE CETICOS

La reciente Ley 30777 además, modifica el TUO de la Ley de Ceticos regulando que el ingreso de mercancías al resto del territorio nacional proveniente de los Ceticos estará sujetas a derechos arancelarios, IGV, ISC, IPM y demás tributos que gravan la importación de bienes.

Al respecto se precisa que los productos manufacturados en las zonas de desarrollo económico ZED, cuyo destino sea el resto del territorio nacional, pagan en lo que respecta al Ad Valorem, la tasa arancelaria más baja que se aplica en el país

Hay otras modificaciones referidas a la composición de la Junta de Administración, en la cual se ha retirado a los representantes de los Puertos de las Zonas donde están instaladas y han sido sustituidos por un representante de PRODUCE. También se ha incluido que en el futuro las ZED serán administradas por un operador privado.

La SUNAT en un plazo de 60 días calendario, implementará los procedimientos y aplicativos informáticos y establecerá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la ley bajo comentario.

Publican ley que delega facultades al Ejecutivo en materia de reconstrucción

El jueves 24 de mayo último se ha publicado en El Peruano la Ley 30776 – Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios.

Dispone que el Poder Ejecutivo tendrá 60 días calendario para aprobar y publicar los decretos legislativos en esta materia, esto es, hasta el 23 de julio de 2018.

Las facultades legislativas al Gobierno son:

Para modificar la Ley 30556 que aprobó disposiciones extraordinarias para afrontar desastres naturales y creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Para modificar la Ley 29090-Ley de Habilitaciones Urbanas.

Para modificar la Ley 30458- Ley que aprobó medidas para financiar proyecto de inversión pública, a fin de apoyar a los gobiernos regionales y locales y la realización de los Juegos Panamericanos.

Para modificar la Ley 29230 – Ley que impulsa la inversión pública con participación del sector privado.

Para modificar la Ley 30230, Ley que contiene medidas tributarias, simplificación de trámites y permisos para la inversión en el país.

Además de las modificaciones aludidas, se autoriza al Poder Ejecutivo para expedir decretos legislativos, orientados a:

Simplificar el ciclo de inversión de proyectos en el marco del Plan Integral de Reconstrucción.

Crear – solo para el Plan Integral de Reconstrucción, un proceso especial abreviado de contratación pública que reduzca plazos de adjudicación y de ejecución contractual, así como dotar de celeridad a las apelaciones.

Ampliar las modalidades de contratación para intervenciones en el marco del Plan Integral de Reconstrucción.

Establecer regulaciones de excepción para facilitar el saneamiento físico de infraestructura.

Simplificar procedimientos para la asignación de recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales –FONDES.

Agilizar los procedimientos para la obtención de licencias de habilitación urbana y edificaciones.

Atender a la población damnificada con vivienda colapsada o inhabitable con el Bono Familiar Habitacional.

Impulsar el desarrollo del sistema de drenaje pluvial para evitar inundaciones; optimizar la normativa para el saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión.

Fortalecer la gestión y prestación de servicios de saneamiento.

Mejorar el marco legal de obras por impuestos.

Optimizar el proceso de contratación y de supervisión y reducir trámites y requerimientos innecesarios.

Impulsar la estandarización y uso de procedimientos tecnológicos.

Facilitar las fases de pre inversión e inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario.

Mejorar la normativa sobre planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de proyectos al amparo del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, entre otros.

MARCO CONSTITUCIONAL

Se establece que al hacer uso de las facultades delegadas, debe respetarse el marco constitucional y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, y no restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgadas por la Constitución y su ley orgánica. No se incluye en la delegación las materias reservadas a la Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República.

PCM establece cronograma para implementar el Sistema Único de Trámite (SUT)

El sábado 19 de mayo último se ha publicado en El Peruano la Resolución N° 001-2018-PCM-SGP, mediante la cual la Secretaria de Gestión Pública de la PCM establecer las condiciones mínimas y los plazos para la implementación y uso progresivo del Sistema Único de Trámites (SUT) en las entidades de la Administración Pública.

Como se recordará, el SUT fue creado por el D. Leg. 1203 como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarizar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA). El SUT está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, la que debe monitorear, supervisar y fiscalizar a las autoridades que no cumplan con las normas de simplificación administrativa.

Conforme al DS.031-2018-PCM, el SUT tiene por finalidad facilitar la sistematización y elaboración de los TUPA; reducir los derechos de tramitación, tiempo, requisitos, plazos; elaborar un TUO de los procedimientos de las entidades; aprobar los proyectos de TUPA; así como simplificar la ratificación de las tasas que cobran las municipalidades.

Para la implementación progresiva del SUT, las entidades públicas deben contar con condiciones tecnológicas mínimas, es decir, con equipos de cómputo con sistema operativo y navegador web instalado y en funcionamiento, que permita la conexión entre las entidades públicas y el acceso directo a través de internet, que asegure una conectividad óptima entre las entidades públicas.

Cronograma.- El plazo para la implementación y uso progresivo del SUT será el siguiente:

Todas las entidades del Poder Ejecutivo tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para implementar el SUT.

Las principales municipalidades provinciales y distritales que se indican en el anexo 1, también tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para implementar el SUT.

Las demás municipalidades, que figuran en el anexo 2 podrán implementar el SUT hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los gobiernos locales no comprendidos en los anexos 1 y 2, tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para implementar el SUT.

Aplicativo mi costo.- En los plazos que anteceden las entidades públicas, para determinar el costo de los trámites deberán utilizar el aplicativo Mi Costo aprobado por la PCM.

Manual de Usuario.- Mediante Res. 002-2018-PCM-SGP, publicada en la misma fecha, se ha aprobado el Manual de Usuario del SUT.

Fuente: CCL.

SUNAFIL fiscalizará cumplimiento de la Ley que prohíbe discriminación remunerativa desde el 1° de julio de 2019

El 14 de mayo de 2018 se ha publicado en El Peruano el DS. 005-2018-TR, mediante el cual el Ministerio de Trabajo amplía los plazos que tendrán las empresas para adecuarse a la Ley 30709 y su Reglamento, DS- 002-2018-TR, normas que prohíben la discriminación remunerativa entre varones y mujeres en los centros privados de trabajo.

Como se recordará, el 27 de diciembre de2017 se publicó la Ley 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa en los centros de trabajo. Esta ley fue reglamentada por DS. 002-2018-TR publicado el 8 de mayo último.

El reglamento antes mencionado disponía que las empresas deberán de elaborar sus cuadros de categorías, funciones y de remuneraciones, cuyo cumplimiento debía ser fiscalizado por la SUNAFIL desde el 1° de enero de 2019.

Medidas para su implementación.- Con el reciente DS. 005-2018-TR, el MTPE aprueba las siguientes medidas para lograr la implementación de la ley bajo comentario, regulando entre otras, lo siguiente:

El MINTRA en coordinación con la SUNAFIL realizará anualmente campañas de sensibilización para que las empresas cumplan con lo dispuesto en la ley que prohíbe la discriminación remunerativa.

La Dirección General de Derechos Fundamentales del MTPE elabora y eleva al Viceministro de Trabajo sobre los resultados de la campaña de sensibilización a las empresas.

El MTPE coordina con las Direcciones Regionales de Trabajo los servicios de orientación, asesoría, para lo cual elaborará un cronograma de cumplimiento de metas.

La implementación del servicio para que las empresas se adecuen a la nueva regulación, culminará el 30 de noviembre de 2018.

En un plazo de 60 días calendario (hasta el 14 de julio de 2018), el MTPE aprobará y publicará las pautas y lineamientos para que las empresas elaboren sus cuadros de categorías, funciones y remuneraciones.

La SUNAFIL aprobará las directivas y protocolos para el cumplimiento de la ley y su respectiva fiscalización, en un plazo que vencerá el 15 de agosto de 2018.

La SUNAFIL desde 1° de julio 2019 fiscalizará el cumplimiento de la ley a la mediana y gran empresa.

La fiscalización de SUNAFIL a las micro y pequeñas empresas (MYPE) será desde el 1° de diciembre de 2019.

Fuente: CCL.

Publican aumento del impuesto selectivo al consumo

En Separata Extraordinaria del 9 de mayo, difundida hoy 10 de mayo de 2018, se han publicado los Decretos Supremos 092, 093, 094 y 095-2018-EF, con las cuales el MEF dispone el aumento del impuesto Selectivo al Consumo en diversos bienes considerados suntuarios, tales como aguas minerales, cervezas, cigarros, vehículos y otros.

Como se sabe, el Art. 61 de la Ley del IGV faculta al Poder Ejecutivo a modificar o aumentar las tasas del ISC mediante decreto supremo del MEF, no requiriéndose de ley para dicho efecto.

Los decretos supremos en cuestión figuran publicados el 09 de mayo (Edición Extraordinaria que circula con El Peruano de hoy 10 de mayo) y al no tener fecha de vigencia, el aumento del ISCrige desde el jueves 10 de mayo de 2018.

A continuación se indican las nuevas tasas del ISC:

DS N° 091-2018-EF: ISC aplicable al agua, agua mineral, gasificada, con adición de azúcar; cerveza sin alcohol; demás bebidas no alcohólicas; bebidas con registro sanitario que clasifiquen como fórmulas para lactantes y niños en base a frutas, verduras, cereales y leguminosas, entre otros: Las tasas son 17% y 25% (se incorporan bienes con la tasa del 17% y otros bienes pasan de la tasa del 17% a la del 25%).

DS N° 092-2018-EF: ISC aplicable a cigarrillos de tabaco negro y rubio S/ 0,27 por cigarrillo (antes 0.18 soles).

DS N° 093-2018-EF: ISC aplicable a líquidos alcohólicos:

De 0° hasta 6° S/ 1,25 por litro (literal B, monto fijo) o 35% (literal C, precio venta al público) (antes 30%).

Más de 6° hasta 12° S/ 2,50 por litro (literal B, monto fijo) o 25% (literal A, al valor).

Más de 12° hasta 20° S/ 2,70 por litro (literal B, monto fijo) o 30% (literal A, al valor).

Más de 20° S/ 3,40 por litro (literal B monto fijo) o 40% (literal A, al valor) (antes 25% literal A, al valor).

Nota:

Antes solo había tres fases de grado alcohólico, la fase de 6°a 20° se ha dividido, antes esta fase señalaba S/2.50 por litro (literal B, monto fijo) o 25% (literal A, al valor).

DS N° 094-2018-EF: ISC aplicable a combustibles:

Gasolina para motores inferior a 84 octanos S/ 1.27 por galón (antes S/0.93).

Gasolina para motores con 7.8% en volumen de alcohol, de 84 hasta menos de 90 octanos S/ 1.22 por galón (antes S/0.88).

Las demás gasolinas para motores de 84 hasta menos de 90 octanos S/ 1.27 por galón (antes S/ 0.93).

Gasolina para motores con 7.8% en volumen de alcohol, de 90 hasta menos de 95 octanos S/ 1.16 por galón (antes S/ 0.99).

Las demás gasolinas para motores de 90 hasta menos de 95 octanos S/ 1.21 por galón (antes S/1.05).

Gasolina para motores con 7.8% en volumen de alcohol de 95 hasta menos de 97 octanos S/ 1.13 por galón (antes S/1.07).

Las demás gasolinas para motores de 95 hasta menos de 97 octanos S/ 1.17 por galón (antes S/1.14).

Gasolina para motores con 7.8% en volumen de alcohol de 97 octanos a más S/ 1.13 por galón (no se ha modificado).

Las demás gasolinas para motores de 97 octanos a más S/ 1.17 (antes S/1.9) por galón

Gasoils S/ 1.58 por galón (antes S/1.40).

Diésel B2 contenido de azufre menor o igual a 50 ppm S/ 1.70 por galón (antes S/1.40).

Diésel B5 y Diésel B20 contenido de azufre menor o igual a 50 ppm S/ 1.49 por galón (antes S/1.10).

Las demás mezclas de Diésel 2 con Biodiésel B100 S/ 1.70 por galón(antes S/1.40)

Residual 6 S/ 0.92 por galón (antes S/0.68).

Los demás fuelois S/ 1.00 por galón (antes S/0.63).

DS N° 095-2018-EF: ISC aplicable a vehículos:

Automóviles y motocicletas nuevos y usados que utilicen gasolina, gas, diésel o semidiésel, híbridos: 10% (se incorporan bienes y los que ya se encontraban antes se les aplicaba la tasa del 0%).

Automóviles y motocicletas nuevos que utilicen exclusivamente o principalmente diésel o semidiésel: 20% (se incorporan bienes y los que ya se encontraban antes se les aplicaba la tasa del 10%).

Tractores, vehículos para transporte colectivo de personas, automóviles para transporte de mercancías, entre otros: 40% (antes 30%).

Fuente: CCL.

Publican reglamento para devolver exceso de pago de rentas de 4ta – 5ta

El viernes 4 de mayo último se ha publicado en El Peruano el DS. 085-2018-EF, con el cual el MEF reglamenta la Ley 30734 referida a la devolución automática del exceso del Impuesto a la renta pagado o retenido a las personas naturales perceptoras de rentas de 4ta y 5ta categoría.

En efecto, con la Ley 30734 se estableció el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso a los trabajadores sean independientes o dependientes, sin perjuicio que presenten o no su declaración jurada anual, para deducir como gasto hasta 3 UIT adicionales.

Al respecto, el reciente reglamento precisa:

La devolución de oficio se efectúa mediante abono en cuenta de ahorros en moneda nacional abierta en una empresa del sistema financiero nacional, de uso exclusivo del contribuyente. Para el efecto, el contribuyente debe comunicar a SUNAT los datos de la cuenta de ahorros, hasta el décimo día hábil de enero del año siguiente al que corresponda la devolución. En su defecto, tratándose de rentas que perciben rentas de quinta o de cuarta y quinta categoría, se considerará los datos de la cuenta proporcionados por el empleador mediante el T-Registro.

Cuando SUNAT no tenga el número de cuenta bancaria, la devolución se hará a través de órdenes de pago del sistema financiero (OPF) o cheque no negociable.

La resolución que contiene el resultado del trámite de devolución será notificada al contribuyente mediante publicación en SUNAT Virtual o a través del buzón electrónico del contribuyente.

SUNAT autorizará al Banco de la Nación a realizar la transferencia correspondiente y poner a disposición del contribuyente el monto a devolver a partir de la fecha que indique la resolución que establece la devolución.

En caso SUNAT determine que el contribuyente tiene deuda en cobranza coactiva, retendrá la totalidad o parte del monto a devolver para cancelar dicha deuda, emitiendo la nota de crédito correspondiente.

Respecto del ejercicio 2017, se ha dispuesto que la comunicación sobre la cuenta de ahorros del contribuyente se realice hasta el 7 de mayo de 2018; y respecto del ejercicio 2018, hasta el último día hábil de abril de 2019.SUNAT establecerá la forma y condiciones en que se hará la comunicación.

Notas de crédito negociable.- Mediante DS. 088-2018-EF, se modifica el Reglamento de Notas de Crédito (DS. 126-94-EF), destacando lo siguiente:

Tratándose de exportación de bienes, SUNAT emitirá y entregará notas de crédito negociables dentro de los 30 días hábiles siguientes a la solicitud de devolución; o dentro de los 15 días hábiles, cuando se cumpla determinadas condiciones (más del 70% de las compras se respalden en comprobantes electrónicos; en los 12 meses anteriores se le ha entregado al menos una nota de crédito negociable; en los 6 meses anteriores no ha tenido la condición de no habido; ha presentado todas sus DDJJ por IR e IGV; ha presentado oportunamente su registro de ventas y de compras electrónico.

Tratándose de exportación de servicios, no han cambiado los plazos (45 días hábiles o 20 días hábiles, de acuerdo a condiciones).

Se entregará la nota de crédito negociable, dentro de los dos días siguientes a la solicitud, cuando el exportador presente carta fianza o póliza de caución, con vigencia de 30 días calendario, salvo que se tenga operaciones de exportación de servicios, en cuyo caso la vigencia será de 45 días calendario. Se establecen para el efecto idénticas condiciones a las señaladas en el primer párrafo.

Si el beneficiario no utiliza o no retira la nota de crédito negociable dentro del plazo de su vigencia, podrá solicitar la emisión de una nueva.

Fuente: CCL.

Cambios en el Reglamento de Transporte

En Edición Extraordinaria el D.S. 007-2018-MTC, mediante el cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incorpora cambios en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, en lo relativo al procedimiento para el internamiento preventivo de vehículos y en las obligaciones sobre la emisión de licencias de conducir.

Los cambios básicos se orientan a lo siguiente:

Uniformar la aplicación de la medida de internamiento preventivo

Garantizar la ejecución del internamiento preventivo cuando no exista depósito oficial. En este caso se designa como depositario al propietario del vehículo o a tercero designado por éste

Precisar el orden de prelación de la figura del depositario y los alcances de su responsabilidad, que son las establecidas en el Código Civil y el Código Procesal Civil.

Suspende hasta el 31.12.2019 la exigibilidad de determinadas obligaciones por parte de las entidades complementarias que integran el Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, tales como:

La adecuación de la infraestructura cerrada a la circulación vial

El sistema de doble comando para vehículos

El uso de la vía pública para la formación y evaluación de conductores

El Taller “Cambiemos de Actitud”.

Se dispone que hasta el 31.12.2018, los conductores cuya licencia se encuentre suspendida, para el levantamiento de la sanción de suspensión, deberán llevar el curso de sensibilización y seguridad vial que venían impartiendo las Escuelas de Conductores. A partir del 01.01.2019, se requerirá la constancia de finalización del Taller “Cambiemos de Actitud” expedida por una Escuela de Conductores.

La presentación del Certificado de Vigencia de Poderes emitido por SUNARP, estará condicionada a la implementación del Decreto Legislativo N° 1246 (interoperatividad).

Fuente: CCL.

Nuevo Reglamento de Aranceles Judiciales

El viernes 20 de abril de2018 se ha publicado en El Peruano la Res. 105-2018-CE-PJ, con el cual se aprueba un nuevo Reglamento de Aranceles Judiciales, vigente desde el 21.04.18.

El nuevo reglamento establece un régimen único y exclusivo para la obtención y presentación del comprobante de pago de los aranceles, señala los casos de gratuidad y exoneraciones para litigantes de escasos recursos; dispone el procedimiento para la devolución de los aranceles indebidamente pagados; establece el plazo para solicitar la devolución de los mismos, entre otros.

EXONERACIÓN DE PAGO DE ARANCELES

En los juicios de alimentos.- Cuando se reclame hasta 20 URP de pensión mensual (S/ 8,300); si el monto reclamado es mayor se pagará el 50% del arancel.

En los juicios laborales y previsionales.- Cuando el petitorio no exceda a 70 URP (S/ 29,500); cuando exceda dicho monto, el trabajador demandante pagará el 50% de los aranceles establecidos.

En los procesos sobre garantías constitucionales.- Esto es, en las acciones de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción popular y acción de cumplimiento, incluyendo los procesos de disolución o liquidación de las empresas financieras.

En los procesos penales.- Salvo querellas, esto es, en las denuncias por calumnia, difamación e injuria.

En la ejecución de actas de conciliación.- En materia laboral, alimentos, tenencia de menores, régimen de visitas, conforme a los límites establecidos anteriormente.

Las entidades públicas.- Excepto las empresas del Estado que se encuentren en el ámbito del FONAFE.

LAS PRECISIONES MÁS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO SON:

¿Quiénes pagan los aranceles? El demandante, el demandado y el tercero que interviene en el litigio. Cada litigante paga el arancel, salvo que se trate de sociedad conyugal.

¿Cuándo se paga el arancel? Al presentar o contestar la demanda o al intervenir como tercero en el proceso.

¿Dónde se paga el arancel? En el Banco de la Nación y en las plataformas financieras autorizadas (Multired Virtual).

¿Qué datos contiene el comprobante? El comprobante de pago de los aranceles debe contener: concepto, código, DNI, RUC, monto pagado, número de serie, número de expediente, datos del juzgado o de la sala, fecha y hora de pago.

¿Cuáles son las clases de aranceles? Existen varias clases de aranceles, por ejemplo, por el ofrecimiento de pruebas, por presentar medios impugnatorios (apelación, queja, casación); por solicitar nulidad de actos procesales; por diligencias fuera del juzgado (inspección ocular, embargos, etc.); por exhorto; por solicitar embargos y remates, secuestro de vehículo (salvo que la medida cautelar sea menor a 10 URP (S/ 4,150).

¿Cuándo se devuelven los aranceles? Cuando el comprobante de pago no fue utilizado; por error en su presentación, por exhorto denegado, por remate judicial suspendido o declarado nulo, por medida cautelar denegada. En los embargos denegados se devuelve el 50%.

¿Cuál es el plazo para solicitar la devolución del arancel? Es de un año para los aranceles no utilizados y para los utilizados es de 30 días hábiles. El recibo de pago de los aranceles no debe tener anotaciones, borrones o enmendaduras.

¿Cómo se fija el arancel en casos patrimoniales? En el caso de impugnaciones de acuerdos societarios se toma en cuenta el capital social de la empresa; en los casos de compra venta de bienes, se tomará en cuenta el precio pactado; en los casos de prescripción adquisitiva de inmuebles se tomará en cuenta el autoavalúo declarado ante la municipalidad.

¿Qué entidad devuelve el arancel? La devolución de los aranceles se realiza a través de la Subgerencia de Administración y Finanzas del Poder Judicial.

¿Qué otras precisiones contiene el nuevo reglamento? Con relación al reglamento anterior, precisa el pago de aranceles en los diversos actos impugnatorios, nulidad de actos procesales, medidas cautelares, calificación de laudos arbitrales. Asimismo, incorpora el uso de una plataforma virtual para el pago de los aranceles, elimina la presentación del DNI, aclara que el arancel por apelación de autos abarca todas sus modalidades; precisa que los procesos de ejecución de laudo arbitral firme, están referidos a solicitudes, contestaciones y otros.

¿Qué es la URP? Es la Unidad de Referencia Procesal y equivale al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (S/ 415).

Fuente: CCL.

Publican ley para impulsar la modernización y fortalecimiento de la Contraloría

El miércoles 28 de marzo de 2018 se ha publicado en El Peruano la Ley N° 30742- Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

Insistencia del Congreso.- La reciente ley ha sido promulgada por el Presidente del Congreso, por insistencia, ante 2 observaciones puntuales que formuló el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, referidas a la designación de los Jefes de las OCI por el Congreso y a la creación de dos vicecontralores, por considerar que estas medidas irrogan mayores gastos al Estado.

Finalidad.- La nueva ley tiene por finalidad modernizar, mejorar y asegurar un eficiente y oportuno control gubernamental, para el uso correcto de los bienes y servicios públicos y evitar actos de corrupción.

Control concurrente.- Con la nueva ley, la Contraloría debe ampliar la cobertura del modelo de control concurrente, esto es, un proceso de control gubernamental de acompañamiento a las entidades públicas que contratan la realización de obras y servicios.

Facultad sancionadora.- La reciente ley otorga potestad y facultad sancionadora a la Contraloría, la que a través del reglamento correspondiente, definirá y precisará los conductas infractoras que serán materia de sanción a los funcionarios y servidores públicos que resulten responsables.

Fiscalización patrimonial.- La Contraloría tendrá la facultad de fiscalizar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos, para lo cual tendrá acceso directo, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos que administran las entidades sujetas a control.

Transparencia.- Con la nueva ley se promoverá la transparencia de los informes que emiten los jefes de los Órganos Internos de Control (OCI). En efecto, estos informes ya no serán reservados, pues serán publicados íntegramente para conocimiento de la ciudadanía sobre cómo se están ejecutando los recursos públicos.

Autonomía.- Como se sabe, actualmente, en su gran mayoría, los jefes y servidores de las OCI, figuran en la planilla de la entidad a quien controlan y fiscalizan. Con la nueva ley, las OCI serán independientes y los jefes de estas oficinas serán designados por la Contraloría. Es decir, dependerán funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República y no de la entidad que controlan y fiscalizan.

Después de la publicación del reglamento de la nueva ley, la Contraloría emitirá un plan de absorción de trabajo de las OCI, para que todas estas oficinas dependan directamente de la Contraloría y no de las entidades públicas.

Reorganización: Se autoriza la reorganización institucional de la Contraloría General de la República, facultándola a aprobar su nueva estructura orgánica, Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de Puestos y demás instrumentos que sean necesarios para su fortalecimientos y modernización. Para ello dispondrá de 120 días hábiles.

Sociedades de Auditoría: La ley faculta la Contraloría General de la República a contratar sociedades de auditoría calificada e independiente, para la realización de labores de control posterior externo, previo concurso público de méritos, para examinar las actividades y operaciones de las entidades.

Atribuciones de la Contraloría: La Contraloría General de la República tendrá acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos. Puede también requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre que no viole la libertad individual.

Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa: Las Salas del Tribunal Superior están conformadas por 3 miembros elegidos por concurso público de méritos a cargo de la Contraloría General. Establece los requisitos para ser nombrado vocal, entre ellas, no haber sido sancionado con destitución, despido o inhabilitación, tener estudios de especialización acreditados en derecho constitucional, administrativo, laboral o gestión de recursos humanos y contratación pública; no tener sentencia firme por delito de terrorismo, violación de la libertad sexual y corrupción de funcionarios públicos.

Fuente: CCL.

PCM aprueba reglamento del sistema único de trámites (SUT)

El 23 de marzo de 2018 se ha publicado en El Peruano el DS. 031-2018-PCM, con el cual se reglamenta el Sistema Único de Trámites (SUT), plataforma virtual a cargo de la PCM para simplificar los procedimientos administrativos y servicios, que las entidades públicas prestan a los ciudadanos y empresas.

Como se recordará, el SUT fue creado por el D. Leg. 1203, como herramienta informática para la elaboración, simplificación y estandarización de los TUPA. El SUT está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, la que debe, monitorear, supervisar y fiscalizar a las autoridades que no cumplan con las normas de simplificación administrativa.

De otro lado, con el D. Leg. 1310 se estableció que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben identificar, reducir y/o eliminar aquellos trámites que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados y redundantes, a fin de mejorar la calidad regulatoria de las normas que aprueban las entidades del Poder Ejecutivo.

Disposiciones Reglamentarias

El reciente reglamento aprobado por la PCM establece las funcionalidades y contenidos del SUT; los órganos responsables de su administración, tanto de los procesos de conducción y elaboración del TUPA como el de administración de usuarios de acceso; el procedimiento para el registro, modificación y publicación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad en el SUT; el mecanismo para la identificación de procesos interconectados, con la finalidad de establecer la cadena de trámites y la estandarización de procedimientos, entre otros.

Asimismo, regula la supervisión y fiscalización del registro, el contenido y la actualización del SUT, la revisión de los costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados a exclusividad, cuidando que cumplan con la metodología de determinación de costos establecida por la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalidad del SUT.- Entre otras, la finalidad del SUT es facilitar la sistematización y elaboración de los TUPA; reducir los derechos de tramitación, tiempos, requisitos, plazos; elaborar un TUO de los procedimientos de las entidades; aprobar los proyectos de TUPA, así como simplificar el proceso de ratificación de tasas municipales.

Contenido del SUT.- Para el registro de los trámites que crean las autoridades, se exigirá el sustento técnico legal; también se exigirá el sustento técnico de los costos vinculados a cada procedimiento (los costos deben corresponder al costo real del servicio); así como la información relevante y de utilidad para atender a los usuarios. Por ejemplo, lugares de atención, horarios, datos de contacto, medios de pago, etc.

Supervisión.- La Secretaria de Gestión Pública de la PCM es la entidad encargada de la supervisión y fiscalización del registro, contenido, utilización del SUT, incluyendo los costos reales de los servicios prestados.

La Secretaria Gestión Pública de la PCM en caso de incumplimiento de la calidad regulatoria de las normas o de simplificación administrativa, notificará a la autoridad para que en un plazo de 15 días hábiles, subsane los incumplimientos detectados. Vencido tal plazo, sin la subsanación respectiva, se comunicará al Órgano de Control Institucional de la entidad y a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, para que de oficio se inicie el procedimiento de eliminación de las trabas burocráticas detectadas.

Gradualidad.- Las entidades de la administración pública implementarán las medidas establecidas en el reciente reglamento en forma gradual, conforme a los plazos y condiciones que establezca la Secretaría de Gestión Pública, que además aprobará el Manual de Usuario SUT, dentro de los 30 días hábiles a partir del 24.03.2018.

Vigencia.- Las disposiciones del reglamento bajo comentario, entrarán en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en El Peruano de la resolución de la Secretaría de Gestión Pública que apruebe el Manual de Usuario SUT.

Fuente: CCL.