Paros regionales. Tomas de carreteras. Protestas cocaleras. Secuestros al paso. Muerte y balaceras en la ciudad. Líos al interior de las ultrasaturadas carceles y bandas delincuenciales que crecen como hongos en tierra humeda. Terrible ¿verdad? Y no hablamos de un país en crisis extrema, ni del Perú de finales de los ochenta, sino de la mejor situación económica que hayamos vivido en los últimos 20 años. Eso es lo peor de todo. La seguridad ciudadana se ha convertido en un problema del mismo calibre que el que tuvo Sendero en sus años más duros, sin embargo el Presidente Garcia y su Ministro del Interior aún no definen un concepto claro de seguridad ciudadana. Cómo hacer frente al fenómeno de la inseguridad, cuando cada actor responsable tiene una visión propia del mismo tema, que además no está articulada e incluso son contradictorias. El día de ayer hemos tenido que escuchar un discurso político totalmente confuso entre las variables de orden interno, narcotrafico, terrorismo y seguridad ciudadana. Y es que aunque todas pertenescan al ámbito de la seguridad interna, cada una de ellas merece un trato diferente y único. En este sentido, y como lo dijera Fernando Rospigliosi, el resultado más probable del pedido de poderes especiales para legislar sobre el tema será ninguno. Nada. El statu quo mediante un show para la tribuna, eso sí. Cómo pretende el Ejecutivo elaborar politicas públicas sobre seguridad ciudadana con una visión errada, con varios temas distintos y mezclados, y en algunos casos no relacionados. La seguridad ciudadana en el Perú es la segunda prioridad en las encuestas realizadas el presente año, desplazando a variables “duras” como la pobreza. La población manifiesta la poca calidad de vida que conlleva un estado de inseguridad siempre a punto de explotar. Como un breve ejemplo los análisis presupuestales de las asignaciones al Ministerio del Interior, al Sinasec y a la Policia Nacional –citando solo a algunos de los muchos actores- ha sido decreciente en los últimos 4 años. No hay que ser demasiado acusioso para observar una clara falta de coherencia entre el discurso político y la asignación presupuestaria. Se pide autorización para actuar con mano dura y sin embargo hace unas semanas se firma el Acta de Tocache, en la que poco falta para dejarles el terreno libre a los cocaleros. La solución de este problema es vital, pues a pesar de no tener la repercución que sí tiene el crimen organizado en Lima es uno de los motores principales de la delincuencia limeña. Las drogas, bajo cuyo efecto actuan muchos de los fascinerosos, y las ingentes cantidades de dinero que no tienen otro fin que corromper todas aquellas manos y bolsillos en los que reposan. Pero regresando al discurso del Presidente Garcia, es absurdo pensar que desde su perspectiva variopinta y no clara se pidan excepciones legislativas. El problema no está en la falta de normas, -otro problema endémico del país es que se cree que una norma soluciona el problema, cuando en la practica ocurre generalmente todo lo contrario; el tema de fondo es cómo actuar en cada uno de los frentes. Tener planes claros requiere de planificacion, de esfuerzo conjunto, de acciones concretas y presupuestadas de los actores que tienen que ver con la seguridad ciudadana, así como el apropiado monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Las normas no son blandas, están mal aplicadas. Los sistemas penintenciarios no pueden albergar ya más presos. El Poder Judicial se encuentra con una excesiva carga procesal, -un gran porcetanje de los reos no tiene ni siquiera condena. El Ministerio Público ha restado en el tiempo facultades al accionar policial. Si tuvieramos que hacer una ecuación entre estas y otras variables inexorablemente nos llevaría al siguiente resultado: IMPUNIDAD. No se deben otorgar las facultades legislativas como un cheque en blanco, estas facultades deben ser otorgadas en función de un plan claramente definido y presupuestado. Los problemas de fondo de la Policia Nacional del Perú se gestan desde sus propias raices y del cuerpo policial, la falta de institucionalidad, de meritocracia, los problemas de corrupción desde el más alto nivel, la falta de una adecuada formación policial y entrenamiento, y la incompetencia no pueden ser soslayados con un pobre discurso de carencias. Si se quiere una policia digna cambiemos la institucion, dignifiquemosla, hagamos que recuperen el reconocimiento social de antaño solucionando los problemas estructurales. Basta de discursos sin sustento, de falta de políticas públicas, de falta de presupuestos. La vida de las personas no puede seguir siendo puesta en riesgo por la irresponsabilidad política. Basta de discursos; requerimos la acción urgente de los actores, en forma articulada y eficiente, o esperaremos otro impacto mediático para volver a la carga con la pena de muerte, el endurecimiento de las penas, o la solicitud de facultades legislativas. CESAR ORTIZ ANDERSONPresidente de APROSEC[email protected] [email protected] Cel.: 9931-6197